Tribunal Fiscal confirma reparo al crédito fiscal por falta de sustento
RTF 08531-8-2026 · 2026-08-26
Crédito fiscal sin sustento
Se discutió el reparo al crédito fiscal de IGV por compras de varios meses de 2020 cuya causalidad y destino no fueron acreditados. El Tribunal Fiscal confirmó el reparo porque no se demostró que las adquisiciones fueran necesarias para producir renta o mantener la fuente. La regla es que el crédito fiscal exige sustento suficiente del destino y de la relación con la actividad. El contribuyente debe revisar sus comprobantes y pruebas de uso antes de tomar el crédito.
Multa por tributo omitido
Se discutió la multa vinculada a la declaración incorrecta del IGV, al mantenerse el reparo al tributo omitido. El Tribunal Fiscal confirmó la sanción porque subsistió la determinación del impuesto reparado. La regla es que, si se mantiene el tributo omitido, también se mantiene la infracción del numeral 1 del artículo 178. El contribuyente debe revisar sus declaraciones y corregir omisiones para evitar multas asociadas.
Tribunal Fiscal confirma reparo al crédito fiscal por falta de sustento
Tribunal Fiscal confirma reparo al crédito fiscal por falta de sustento
El Tribunal Fiscal confirmó el reparo al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas al considerar que no se acreditó el destino de las adquisiciones observadas. La decisión es relevante porque reafirma que no basta con contar con comprobantes, sino que también debe demostrarse la vinculación y el uso de las compras en la actividad gravada.
El caso
En este expediente, la controversia giró en torno al crédito fiscal del IGV tomado por el contribuyente respecto de determinadas adquisiciones. La Administración observó que no existía sustento suficiente para acreditar el destino de esos bienes o servicios, por lo que cuestionó su utilización dentro de operaciones que otorgaran derecho al crédito. A partir de ello, formuló el reparo correspondiente y mantuvo las sanciones vinculadas. El contribuyente, por su parte, sostuvo que las adquisiciones sí estaban relacionadas con su actividad, aunque el expediente no permitió verificarlo de manera suficiente.
El caso llegó al Tribunal Fiscal para definir si la sola existencia de comprobantes era bastante para conservar el crédito fiscal. La discusión no se centró en la validez formal de los documentos, sino en la prueba del destino de las adquisiciones y en su conexión con operaciones gravadas. En ese contexto, el Tribunal analizó si la documentación presentada permitía acreditar de forma objetiva que las compras observadas cumplían con los requisitos para sustentar el crédito fiscal. Al no encontrarse ese respaldo, la controversia quedó reducida a la insuficiencia probatoria del contribuyente.
Qué dijo el Tribunal
El Tribunal sostuvo que el crédito fiscal del IGV no se reconoce por la sola emisión o tenencia de comprobantes de pago. Para mantenerlo, el contribuyente debe acreditar que las adquisiciones observadas tuvieron un destino compatible con su actividad gravada y que efectivamente guardan relación con operaciones que generan derecho al crédito. Si esa conexión no se demuestra con sustento suficiente, el gasto o adquisición queda sin respaldo tributario para ese efecto. Por ello, confirmó el reparo formulado por la Administración.
Asimismo, el Tribunal señaló que la falta de acreditación del destino de las adquisiciones impide reconocer el crédito fiscal. En otras palabras, cuando el contribuyente no prueba de manera suficiente cómo fueron empleados los bienes o servicios observados, no puede trasladar esa falta de sustento a la Administración. El criterio reafirma que la carga de la prueba recae en quien pretende usar el crédito fiscal. En consecuencia, el reparo se mantiene y no procede su desconocimiento.
Finalmente, el Tribunal confirmó también las multas vinculadas al reparo. Esto ocurre porque, al mantenerse la observación principal sobre el crédito fiscal, subsiste el incumplimiento asociado a la determinación correcta del tributo. La resolución deja claro que la insuficiencia probatoria no solo afecta el crédito fiscal, sino que puede arrastrar consecuencias sancionadoras. Así, la decisión no se limita al ajuste del IGV, sino que preserva el efecto sancionador derivado de la infracción advertida.
Por qué importa
La resolución refuerza un criterio que los contadores y abogados tributarios deben tener presente: el crédito fiscal exige trazabilidad documental y sustento material. No basta con exhibir facturas o comprobantes si no se puede demostrar para qué se adquirieron los bienes o servicios y cómo se vinculan con operaciones gravadas. En fiscalizaciones de IGV, este punto suele ser decisivo porque la Administración no solo revisa la forma, sino también la consistencia del uso económico de las compras. Por ello, la gestión documental debe incluir evidencia del destino real de cada adquisición observada.
En la práctica, este criterio obliga a revisar con mayor cuidado los soportes internos que acompañan las compras, especialmente cuando se trata de gastos o adquisiciones que no tienen una relación inmediata con la venta final. Órdenes, reportes de uso, registros internos y cualquier otro medio de prueba que permita seguir el rastro de la operación pueden ser determinantes para sostener el crédito fiscal. Si esa documentación no existe o es insuficiente, el riesgo no se limita al reparo del impuesto, sino también a la imposición de multas. Para futuras fiscalizaciones, la lección es clara: el sustento del crédito fiscal debe prepararse desde la operación misma, no recién ante el requerimiento de la SUNAT.
La recomendación es revisar periódicamente el archivo de sustento de las adquisiciones observables y asegurar que cada crédito fiscal tenga respaldo suficiente sobre su destino y vinculación con la actividad gravada.
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